De esto se trata, estaríamos hablando de una colaboración en la que se desarrollarían conexiones a internet con una capacidad de 100 Gbps en ambos países, y además que el gobierno garantizaría a un porcentaje mínimo de la población.
Es un tanto ambicioso, partiendo de la base de que en españa la conexión media de los usuarios está muy lejos de alcanzar siquiera la velocidad mínima de 30 Mbps que Agenda Digital Europea había fijado como objetivo para toda europa. El caso es que aquí con la calidad de las líneas que tenemos ahroa y el despliegue necesario para conseguir cualquiera de los dos objetivos, no están muy claros.
En nuestro país estamos hablando de la intención de ofrecer 100 Mbps de FTTH a un mínimo del 50% de la población, cosa que a día de hoy solo se puede contratar en las zonas más selectas que a las compañías les sale más rentable, simplemente por que no han llevado una infraestructura suficiente.
La inversión de 18 millones de euros que Europa va a desembolsar para llevar este proyecto a cabo, llevando 100 Gbps al grueso de la población, parece una utopía. La banda ancha ultra-rapida además de la calidad de la conexión tiene detrás una serie de inconvenientes que al usuario final no le llegan a afectar directamente, como son el tema de la eficiencia energética, el almacenamiento de los datos transaccionales, la gestión de todo ese tráfico y de la capacidad de las redes, e incluso algún problema que sí le afecta, como la seguridad de dichas redes.
Por supuesto los gobiernos no son los únicos interesados en este proyecto, ya que un buen número de empresas podrían estar interesadas en subirse al tren antes de que salga de la estación, hablamos de Movistar, NEC, Panasonic, Orange, Intel y algunas más del sector de la informática y telecomunicaciones.